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¿Documentos se podrán interceptar sin orden judicial?: el proyecto de Ley de Inteligencia deja dudas
Esta propuesta aún no es aprobada en la Asamblea porque generó dudas.
El proyecto de Ley de Inteligencia no logró aprobarse en el segundo debate en la Asamblea Nacional el 3 de junio y regresó a la Comisión de Seguridad Integral para pulirlo con las aportaciones de legisladores de diferentes fuerzas políticas.
La Conaie, Usuarios Digitales y otros expertos sostienen que el documento puede dar cabida a la vulneración de datos personales y al espionaje con fines políticos.
Inés Alarcón (ADN), presidenta de la Comisión de Seguridad, defendió el proyecto de Ley de Inteligencia argumentando que el mismo busca regular el Sistema Nacional de Inteligencia y anticiparse a la consumación de hechos delictivos por parte de los grupos delincuenciales.
Sobre el uso de los gastos reservados, Alarcón indicó que se revisarán de manera trimestral por la Contraloría, pero no respondió acerca de por qué no se podrán conocer en un futuro.
La asambleísta de ADN descartó que el Sistema de Inteligencia podrá acceder de forma directa a llamadas, mensajes o correos de la sociedad civil.
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También quedan dudas de a quién responderá el CIES, en caso de una eventual ilegalidad. Alarcón dijo que su Comisión, que tiene mayoría oficialista, hará el control político.
Respecto a la retención, apertura, interceptación o examinación de documentos o comunicaciones, el artículo 52 del proyecto de Ley dice que esto se podrá hacer con la autorización de la máxima autoridad del Sistema Nacional de Inteligencia. Pero no habla de que se requerirá orden judicial. Alarcón dice que sí se respetará aquello, como consta en el artículo 66 de la Constitución.
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