El gobierno se encuentra ajustando normativas para ejercer controles sobre la pequeña minería, en la que los grupos de delincuencia organizada han encontrado una de sus más importantes fuentes de financiamiento.
Los grupos criminales implicados están identificados por la Policía, pero los esfuerzos se diluyen por decisiones judiciales. En Pascuales, hubo ocho muertos por extorsiones.
El magistrado Pulgarín dictó medidas sustitutivas en favor de alias Pinky y alias Cocacho, señalados de secuestrar a una comerciante china que luego fue hallada muerta en una cisterna.
.svg "Icono parpadeo"){kind=small}
