Ley de integridad: jueces podrán ordenar la expulsión rápida de extranjeros condenados

La ley de integridad pública, aprobada el martes en la Asamblea, ya está en vigencia. Reformó 19 leyes, entre ellas el código penal y la ley de movilidad humana, para incluir normas que permitan la expulsión ágil y la deportación de los extranjeros que cometan delitos sancionados con cárcel.

Antes, expulsión solo cabía en casos de delitos sancionados con cárcel de cinco o más años.

Ahora los jueces ordenarán en todos los casos, como parte de la sentencia, que quedará suspendida una vez que abandone el país. El estado se encargará de la movilización del extranjero a su país de origen.

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El gobierno podrá, por estar el país en conflicto armado interno, pedir a los jueces la expulsión de extranjeros condenados con anterioridad, siempre que se justifique la necesidad de seguridad y para evitar el hacinamiento carcelario.

La ley impone también nuevas reglas para la deportación, la autoridad de seguridad la ordenará para los extranjeros que estén cumpliendo una condena, o aquellos que estén en prisión preventiva. Los deportados no podrán volver al país en 40 años y si lo hacen se convertirán en objetivo militar.

En estos casos las condenas igualmente quedarán suspendidas.

Estas disposiciones se complementan con las reformas a la ley de movilidad humana que cambia los artículos relacionados con la emisión de documentos como visas, cartas de naturalización y sus revocatorias, así como los procedimientos administrativos para expulsión y deportación.

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Los abogados especialistas en tratar temas migratorios advierten que las normas aprobadas pueden tener problemas en su aplicación porque no se han reformado los procedimientos operativos de expulsión y deportación, además de los acuerdos internacionales firmados por el país.