A poco más de un año de su mandato, el gobierno de Gustavo Petro enfrenta serias dificultades en las negociaciones con grupos armados y narcotraficantes.
- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, saluda durante un evento con Comuneros del Sur, un grupo disidente de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, en Pasto, Colombia, el 5 de abril de 2025.( )
En un reconocimiento público de los fracasos de su administración en materia de paz, el ministro del Interior de Colombia, Armando Benedetti, admitió este viernes que la política de paz del gobierno de Gustavo Petro no ha salido bien. A pesar de los esfuerzos por negociar con las guerrillas y grupos armados ilegales, la mayoría de estos procesos se encuentran estancados o rotos, lo que refleja el difícil panorama del conflicto armado que continúa azotando al país. Con menos de un año restante en su mandato, Gustavo Petro enfrenta serias críticas por el avance limitado de su ambiciosa paz total.
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El estancamiento en las negociaciones con grupos armados

El gobierno de Petro llegó al poder con la promesa de lograr una paz total, una iniciativa que incluía diálogos con las guerrillas y otros grupos armados ilegales para resolver el conflicto interno que ha durado más de 50 años. Sin embargo, después de más de un año en el poder, solo quedan en pie negociaciones con algunos de los grupos más pequeños, como dos de las cinco disidencias de las FARC y un frente poco numeroso del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Los intentos de avanzar en las conversaciones con el Clan del Golfo, el cartel más grande de narcotraficantes de Colombia, y con las principales disidencias de las FARC, como el Estado Mayor Central, han fracasado rotundamente. Esto deja al gobierno con muy pocas opciones para cumplir su objetivo de lograr una paz duradera.
El fortalecimiento de los grupos armados y el narcotráfico
A pesar de los esfuerzos del gobierno, los grupos armados ilegales en Colombia no solo no han disminuido, sino que se han fortalecido. Según cifras oficiales, alrededor de 22 000 combatientes continúan alimentando el conflicto armado, y una gran parte de ellos está vinculada al narcotráfico. El año 2023 fue el peor hasta la fecha en términos de producción de cocaína y extensión de cultivos ilícitos en Colombia, de acuerdo con los informes de la ONU. Aunque el gobierno ha implementado acciones ofensivas contra estos grupos, apoyadas por Estados Unidos, el país sigue siendo el principal productor mundial de cocaína, lo que perpetúa tanto el conflicto como la violencia.
La política social como alternativa a la confrontación armada
A pesar de la falta de avances en los frentes de negociación, el gobierno de Petro ha insistido en que la violencia no debe ser la única respuesta al conflicto armado. En su intervención en una cumbre de gobernadores, Benedetti hizo un llamado a priorizar proyectos sociales como una vía más efectiva para reducir la violencia. Uno de los enfoques ha sido la compra de cultivos de coca a los campesinos de la región del Catatumbo, fronteriza con Venezuela, con el fin de evitar que estos terminen en manos de los grupos narcotraficantes. Sin embargo, la implementación de estas políticas enfrenta grandes desafíos en medio de la continua violencia y la desconfianza de muchas regiones con el gobierno.
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