20 jun 2025 , 06:00

Las cinco claves para entender el caso Triple A contra Aquiles Álvarez

En abril, el alcalde de Guayaquil fue vinculado al caso por presunta distribución ilegal de combustible en zonas fronterizas. En julio se conocerá si es llamado a juicio.

El denominado caso Triple A se encuentra en etapa preparatoria de juicio. La diligencia inició el viernes 13 de junio de 2025 y se extenderá hasta mediados de julio. El proceso sigue una presunta distribución ilegal de combustibles en zonas fronterizas.

Son 16 personas procesadas, entre ellas Aquiles Álvarez y seis compañías. Según la Fiscalía, se detectaron diferencias considerables entre el volumen de combustible despachado y el facturado.

El presunto ilícito habría ocurrido antes que Aquiles Álvarez sea Alcalde de Guayaquil. Las claves de este caso, a continuación.

¿Cómo empezó el caso Triple A?

La investigación del caso Triple A comenzó en julio de 2024. Esto tras una denuncia de la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH), que detectó supuestas irregularidades como ventas superiores a la capacidad de almacenamiento de combustible en las estaciones de servicio y presunta exportación ilegal de combustible subsidiado.

El delito de comercialización o distribución ilegal de hidrocarburos mediante gasolineras, está tipificado en el artículo 264 del Código Orgánico Integral Penal y se sanciona hasta con cinco años de prisión.

Cuando inició el caso, Aquiles Álvarez señaló que la denuncia en su contra tenía motivaciones políticas. En julio del año pasado, las autoridades allanaron oficinas de una de las empresas relacionadas a Álvarez.

En diciembre de 2024, la Fiscalía procesó a cinco personas naturales y cinco jurídicas. En febrero de 2025, se allanaron cinco estaciones de servicio ubicadas en El Oro, Loja y Zamora Chinchipe. Para abril, se vinculó a 10 ciudadanos más y una empresa.

¿Quiénes son los procesados y por qué se lo acusa a Aquiles Álvarez?

Uno de los 16 procesados, es Aquiles Álvarez. Él está señalado por la Fiscalía en calidad de autor. Era representante legal de una de las compañías investigadas.

En la audiencia de vinculación, se detalló que en calidad de representante legal, supuestamente firmó contratos con tres estaciones de servicio que presuntamente vendieron más galones de combustible que la capacidad de almacenamiento que tenían autorizados.

Los otros procesados son los representantes de las estaciones de servicio señaladas en las presuntas irregularidades. También constan gerentes y contadores que figuraban en la nómina de las entidades investigadas.

Las empresas señaladas son las comercializadoras de combustibles y las gasolineras, que supuestamente registraron inconsistencias en la facturación de combustible, el volumen distribuido y la cantidad autorizada.

¿Cuáles son las pruebas del presunto delito de distribución ilegal de combustible en zonas fronterizas?

Según la Fiscalía, la denuncia de la ARCH señalaba a comercializadoras y estaciones de servicio, por irregularidades en el volumen de combustible despachado y el facturado, principalmente de diésel subsidiado.

Para ello, los procesados habrían establecido relaciones comerciales entre empresas involucradas, que ofertaban el combustible a gasolineras de cantones fronterizos y mineros.

Entre las pruebas, la Fiscalía tiene los contratos supuestamente firmados por Aquiles Álvarez en calidad de representante legal de las comercializadoras con las estaciones de servicio. También los documentos de las autorizaciones de Petroecuador, acuerdos ministeriales y resoluciones para que las comercializadoras señaladas puedan operar.

En la audiencia de vinculación contra Aquiles Álvarez, la Fiscalía argumentó que entre las cláusulas de los contratos para el abastecimiento de combustibles firmados con Petroecuador y Álvarez, en calidad de represente legal de las comercializadoras, se detallaba que entre las obligaciones está "verificar que los distribuidores de su red no desvíen el combustible entregado por Petroecuador dentro y fuera del territorio nacional".

Supuestamente, las comercializadoras distribuyeron el combustible sin supervisar que se que se vendía ilegalmente.

¿Qué dice la defensa de Aquiles Álvarez?

El abogado y catedrático Ramiro García Falconí tomó recientemente la defensa de Aquiles Álvarez. En una entrevista con Ecuavisa.com, indicó que la Fiscalía acusa a Álvarez por supuesta comercialización de combustible.

Según él, es un delito imposible, ya que Álvarez es representante legal de una comercializadora que vende a distribuidores, que solo pueden comprar dentro de un cupo establecido y autorizado por la Agencia de Regulación de Combustibles e Hidrocarburos. Una compra que dijo, se hace mediante un sistema regulado y bancarizado.

García indicó que si las estaciones vendieron el combustible de manera inadecuada, eso no tiene responsabilidad ni Aquiles Álvarez ni las comercializadoras. Puntualizó que no tienen relación de propiedad o administración con las gasolineras que habrían cometido el ilícito.

El jurista aseguró que no se ha podido demostrar la venta ilícita del combustible. García comentó que se ha querido construir una narrativa del caso, planteado como "si fuera responsabilidad de la comercializadora el controlar a quién vende cada una de las gasolineras".

Según él, la Fiscalía señaló que su cliente "pudo haber establecido mecanismos de control para verificar que no se venda el combustible ilícitamente".

Comentó que Álvarez tendría que haber estado en El Oro, Zamora Chinchipe, Guayaquil, el mismo día controlando a quién se despacha el combustible. Además que esa atribución de control le corresponde a la Agencia de Regulación.

¿Cuándo se conocerá si Aquiles Álvarez es llamado a juicio?

La audiencia preparatoria de juicio se retoma el 20 de junio de 2025 en Quito. Está previsto que se extienda hasta el 18 de julio. Al final de la audiencia, se decidirá si Aquiles Álvarez es llamado a juicio.

Su defensa espera que no ocurra. Así mismo, en la diligencia se revisarán las medidas cautelares que pesan sobre Álvarez. Actualmente, tiene prohibición de salida del país y grillete electrónico.

El abogado García señaló que no hay argumentos para que a Aquiles Álvarez se le impongan otras medidas como la prisión preventiva. Dijo es que es el Alcalde de Guayaquil, ha cumplido con las presentaciones y tiene una agenda pública.

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